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Gratuidad universitaria: nudos y soluciones Imprimir E-mail

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Entre los aspectos que mayormente inciden, según el rector Sánchez, están los aranceles regulados que subestiman los costos de la docencia, el déficit financiero que significa el retraso que presentan los estudiantes, y la fijación de los aranceles a los estudiantes de los deciles séptimo al noveno que no están afectos a gratuidad, entre otros. 

Para el rector Ignacio Sánchez, el financiamiento estudiantil es uno de los aspectos que son clave en el desarrollo de la Educación Superior. Así lo señala en una columna que publica El Mercurio este 23 de septiembre. En estas páginas -apunta- se han escrito diversas columnas y cartas que intentan aportar al tema. “El acceso y oportunidades de cursar estudios superiores no deben depender de la capacidad de pago de las familias y de los estudiantes, por lo que es deber del Estado presentar opciones para alcanzar este fin”, argumenta. Entre estas opciones, las becas y créditos habían sido los instrumentos utilizados en nuestro país hasta la introducción de la política de gratuidad hace cuatro años, la que fue establecida por la ley de educación superior aprobada el año pasado. Afirma la autoridad que los fundamentos para plantear la gratuidad se basaron en la educación como un derecho social, en facilitar el acceso y aliviar el presupuesto de las familias más vulnerables, evitando que adquirieran un crédito que posteriormente los limitara en su desarrollo profesional.   

Luego sostiene que si bien en la ley se consignó la gratuidad universal en un futuro, -dependiendo del desarrollo del país-, lo cierto es que por muchos años estará focalizada en los estudiantes más vulnerables, considerando las restricciones económicas del Estado y las necesidades de inversión en educación inicial y en otras áreas de desarrollo social. Ahora bien, dice que los importantes aspectos positivos de esta política pública, no pueden dejar de lado los aspectos complejos que se acordaron, producto de ausencia de un análisis en mayor profundidad del impacto económico tanto en el presupuesto del Estado como en el de las universidades. Debido a lo anterior -agrega-, se han creado nudos que se describen a continuación junto a propuestas de soluciones para avanzar en una mejor implementación y desarrollo de esta política pública.

Los principales nudos consisten en aranceles regulados que subestiman los costos de la docencia; el déficit financiero que significa el retraso que presentan los estudiantes; la fijación de los aranceles a los estudiantes de los deciles séptimo al noveno que no están afectos a gratuidad; el estancamiento de los fondos de financiamiento universitario; y la ausencia de nuevos fondos de investigación y desarrollo tanto del Estado como por parte del sector privado. En resumen, señala Sánchez, los cambios en el financiamiento han sido un efecto de suma cero, es decir, se modificó el financiamiento público por el privado, -anteriormente proveniente de las familias a través de créditos-, sin agregar más recursos al sistema. “Este diagnóstico que era minoritario en años anteriores, hoy ha alcanzado un amplio consenso en los actores de la Educación Superior”, manifiesta.

También apunta que, respecto de los nudos descritos, es necesario plantear algunas soluciones para avanzar en la situación que enfrentamos en la actualidad. Estas acciones deben contar con el apoyo del Estado, de las instituciones y también de los estudiantes y sus familias. Para esto, explica el rector, se plantean a continuación algunas acciones prioritarias. Es necesario mantener la política focalizada en los más vulnerables; se deben analizar y corregir los aranceles regulados, con una planificación de tres años para alcanzar los valores requeridos. La mayor duración de las carreras debiera ser abordada por las universidades a través de programas de apoyo académico integral a los estudiantes; junto a esto, se requiere prolongar hasta en un año el financiamiento estatal de la gratuidad. Si debido a restricciones presupuestarias lo anterior no es posible, los estudiantes debieran recibir un crédito sin intereses por el tiempo que se prolongue sus estudios, ya que no es posible que las instituciones asuman este costo. Desde el punto de vista del crédito universitario, es necesario dar urgencia a la tramitación del proyecto del nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) –que reemplazará al CAE y que está hoy en el parlamento-, para que dialogue con la política de gratuidad e incorpore los cambios necesarios para darle la flexibilidad que requiere este instrumento. Además, “para las instituciones que han manejado los recursos del Fondo Solidario, es vital poder cambiar la ley para que se permita el uso de los intereses en complementos de gratuidad y becas, lo que apoyaría a un número significativo de estudiantes e instituciones”, enfatiza.  

Según Sánchez, para que estas soluciones propuestas tengan éxito, deben contar con el compromiso de parte de los estudiantes de realizar sus actividades universitarias con esfuerzo y responsabilidad; de las instituciones de poner en el centro al estudiante y los planes de estudios, con el fin de actualizarlos de manera permanente; y del Estado para aportar con prontitud y responsabilidad al financiamiento de la gratuidad, junto a financiar becas y créditos.  Finalmente, sostiene: “En estas soluciones todos debemos colaborar, ya que su resultado será de beneficio de los estudiantes, del desarrollo de las instituciones de Educación Superior y del crecimiento y mayor sustentabilidad de nuestro país. Esta es una tarea de todos”.

 

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