El Mercurio publicó entrevista al rector sobre gratuidad

El domingo 4 de octubre, El Mercurio incluyó una entrevista al rector Sánchez donde él afirmó que este no puede ser un sistema que busque controlar la autonomía de las casas de estudios para acceder a los recursos. Agregó que se generará un déficit en los planteles. 

A continuación lea la entrevista completa:

Ignacio Sánchez vio el miércoles el mensaje televisado de la Presidenta Bachelet sobre la Ley de Presupuestos. Cuando concluyeron las palabras de la Mandataria, su incertidumbre frente al mecanismo de gratuidad se mantuvo. Luego, al conocer en detalle la glosa del Presupuesto, esa incertidumbre se transformó en preocupación.

El rector de la Universidad Católica (médico cirujano y pediatra) es crítico del hermetismo con que el Gobierno ha tratado el tema y tiene numerosos reparos frente a la propuesta que incluye dar gratuidad al 50% de alumnos más vulnerables, de instituciones acreditadas, sin fines de lucro y que tengan criterios de participación establecidos.

Para Sánchez, de acuerdo con las condiciones actuales, su universidad no podrá acceder al sistema en 2016.

-Tras el 21 de mayo, el Mineduc señaló que los recursos para la gratuidad en 2016 ascenderían a US$ 500 millones. Luego de la presentación de la glosa del Presupuesto se sabe que solo serán US$ 252 millones, y que en lugar de beneficiar a más de 260 mil estudiantes, serán solo 200 mil. ¿Qué impresión le quedó ante ese cambio?

-Llama la atención que de los US$ 500 millones iniciales, lo efectivo de nuevos recursos es de 252 millones. Creo que hay un problema serio. Va a haber un número de estudiantes que pensando en que iban a ser beneficiados, no van a poder serlo en forma completa. Eso va a ser una complicación. ¿Cuándo esa familia va a saber? ¿Va a saber cuando postule? ¿En diciembre, en enero, en marzo? ¿Cómo puede ser que tengamos ese grado de incertidumbre? Si para los rectores y sus presupuestos es muy significativa la falta de certeza, lo es mucho más para las familias que pueden estar dentro o fuera del beneficio. Es una situación muy dramática.

-El proyecto establece que se financiará la gratuidad mediante un "arancel regulado", calculado a partir de la agrupación de tipos de carreras de los planteles que tengan la misma cantidad de años de acreditación, más un margen de 20% extra. Usted plantea que esto perjudicará a las casas de estudios.

-Un problema para las instituciones es que se sigue insistiendo en un aporte de arancel regulado, más un 20% más de brecha. Ya lo han dicho varios rectores del Consejo; eso significa un déficit importante para las instituciones, que puede ser del orden de mil millones o más. La brecha para muchas instituciones es de más de 20%. Por lo tanto, si hay un tope, ese financiamiento va a tener que ser asumido por las instituciones.


"El Estado les transfiere a las instituciones el problema futuro"

-¿Por qué?

-Esta es una propuesta que se basa, por un lado, en aportes del Estado, y en otro, significativamente, en pedirles a las instituciones que asuman parte del presupuesto de gratuidad. Y la única forma que tienen de hacerlo es bajando la calidad académica de lo que están entregando. De aceptar esto, van a tener que disminuir presupuestos que van en beneficio del proyecto educativo de los estudiantes. La última indicación es que se financiará la duración formal de las carreras. En nuestra universidad, solo el 37% de los alumnos termina la carrera sin atrasarse. Si el estudiante se atrasa en el tercero, cuarto o quinto año, ¿habrá que decirle que la gratuidad se acabó? Eso va a generar un conflicto mayor entre la universidad y los estudiantes. Y quiere decir que el Estado les transfiere a las instituciones el problema futuro.

-¿El anuncio no cumple con lo que los rectores esperaban?

-Este anuncio no cumple con el compromiso de respetar los presupuestos actuales de las universidades. En estas condiciones no es posible para nuestra institución acceder a esta propuesta de gratuidad. No tenemos claro el monto del arancel regulado, no tenemos claro cuál es el techo total de ese 20% y no sabemos el número de estudiantes que están en esta condición.

-Desde distintos planteles han señalado que este proyecto podría atentar contra la autonomía de las instituciones universitarias. ¿Está amenazada?

-Nosotros hemos basado nuestra crítica a esta propuesta del ministerio en elementos que son sustantivos. Lo más importante para nosotros, por lejos, es el tema de la autonomía universitaria. ¿En qué sentido? En que a través de este cambio de becas a gratuidad lo que se está haciendo es tener una relación del Estado con la institución. Y eso le permite al Estado poner condiciones hoy día y eventuales condiciones mañana. Lo que yo esperaría es una definición muy clara del Gobierno de decir que la diversidad de proyectos educativos y de misiones de las instituciones se mantendrá y potenciará. Y eso no lo hemos escuchado.

-¿Por qué eso es tan importante?

-Porque la gratuidad no puede ser un sistema para controlar la autonomía universitaria en el país. Desde el punto de vista de la Universidad Católica, no podemos entrar a un sistema que ponga eso en riesgo y amenace sus planes de desarrollo.

-Usted ha sido también crítico respecto de que se incluyera el financiamiento en una glosa del Presupuesto. ¿Por qué, en su opinión, sería un riesgo?

- Me parece que este cambio que se ha hecho a partir de la Ley de Presupuestos no solo es riesgoso desde el punto de vista legal, porque puede haber problemas serios en cuanto a discriminar entre un estudiante y otro, sino que, creo, nuestro país no debe volver a caer en el tema de legislar a través de glosas presupuestarias. En el pasado se hizo y las experiencias son bastante negativas porque se presta para legislar políticas públicas con instrumentos que son esencialmente financieros y que no tienen que ver con un acuerdo país sobre temáticas tan importantes. El 30 de noviembre se aprueba el Presupuesto, y a partir de ahí, las instituciones tendrán unos pocos días de diciembre para ver si se suman o no. Las universidades no pueden trabajar sus presupuestos en diciembre, ya que estos comienzan a desarrollarse desde octubre.

-La Presidenta dijo que el beneficio de gratuidad sería para instituciones acreditadas, y que no tengan fines de lucro. En la ley actual se permite el lucro para centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), donde asisten también estudiantes vulnerables. ¿Quedarían fuera del beneficio esos estudiantes?

-Me parece que eso está fuera de lo que la ley debiera permitir. Que se haga una discriminación en familias y estudiantes que han optado por instituciones que están trabajando según la legislación actual y que pueden tener grados de acreditación y calidad incluso mayores que otras que no tengan fines de lucro, en el caso de los CFT e IP. El jueves, el rector Carlos Peña lo señaló en una columna (en "El Mercurio"). Una legislación que encasille a los estudiantes por decisiones que tomaron años atrás sin haber tenido ninguna sospecha de que esa decisión iba a implicar que iba a tener acceso o no a la gratuidad me parece que no es legal. Quiero recordar que durante el 2014 el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, dijo que el criterio para obtener beneficios estudiantiles iba a ser fundamentalmente la acreditación.


"Al Consejo de Rectores le ha faltado una mirada más crítica"

-También se establecen criterios de participación para acceder, como considerar la voz o voto de estudiantes o funcionarios.

-Nosotros estamos muy de acuerdo en que la participación quiere decir escuchar e involucrar a todos los miembros de la comunidad universitaria. Pero pensamos que la conducción y administración de la universidad debe estar basada en su estamento académico. Esa es la propuesta que hemos desarrollado y creo que tiene bastante acogida en el mundo universitario nacional, en particular dentro de los profesores.

-De acuerdo con todas estas condiciones, ¿se hace difícil que la UC se sume a este proyecto?

-Por supuesto. Yo se lo he expresado personalmente y en reuniones con otros rectores a la ministra y al jefe de la división de Educación Superior. De acuerdo a la información que tenemos hoy, la universidad no está adhiriendo a este proyecto. Por ejemplo, esta iniciativa pone un crecimiento de un 2,7% como máximo de la matrícula. Y si hay un crecimiento mayor, no puede estar afecto a gratuidad. Pero esta universidad tiene hace varios años un plan de desarrollo en distintas carreras que para el próximo año hace que el incremento de matrícula sea de un 4%. Entonces, si hay más estudiantes vulnerables que ingresan a una institución que supere ese 2,7%, no tendrían el beneficio.

-¿Cuál es su evaluación de los múltiples criterios que expuso en los últimos meses el Ejecutivo para establecer la gratuidad?

-Me parece que hay una confusión muy grande sobre lo que se quiere hacer. Ha habido falta de claridad, hermetismo y desinformación. El proyecto del Gobierno se ha preocupado más de los criterios de propiedad de las instituciones que de ahondar en la calidad del sistema en beneficio del estudiante y su familia.

-¿Cómo evalúa la actuación del Consejo de Rectores?

-Al Consejo de Rectores le ha faltado tener una mirada más crítica de todo lo que ha ocurrido en estos meses. Tenemos que tener siempre en vista la autonomía con la que tenemos que relacionarnos con el Gobierno. Tenemos que dejar de lado si este Gobierno está más cerca o más lejos de las ideas muy legítimas que cada uno puede tener. En esa confusión que ha habido durante el año, el Consejo de Rectores debiera haber sido mucho más crítico de que no es aceptable estar esperando y seguir esperando clarificaciones.


"Aquí hubo un tema ideológico de suspender rápidamente la palabra 'becas' y cambiarla por gratuidad"

-¿Cree que se debió haber aplazado la gratuidad y no implementarla en 2016?

-Creo que fue un apresuramiento. Aquí hubo un tema ideológico de suspender rápidamente la palabra "becas" y cambiarla por gratuidad. El problema es que aquí se ha privilegiado avanzar en el financiamiento sin tener claridad de los primeros pisos. Siempre hemos insistido en que en este edificio, que es la construcción de una nueva ley de educación superior, la institucionalidad, el aseguramiento de la calidad, por nombrar dos elementos, son pilares fundamentales. El financiamiento de la institución y de los estudiantes debe venir posteriormente a responder qué queremos financiar y bajo qué condiciones.

-La ministra Adriana Delpiano en un momento dio a entender que se evaluaba establecer la gratuidad en 2016 a través de becas. Pero luego dijo que se entendió mal o se expresó mal.

-Lo hemos conversado con parlamentarios y nuestra institución cree que era lo más razonable para este período de un año o dos mientras se discute la ley general, porque eso va en apoyo de los estudiantes que más lo requieren sin tener que entrar en esta gran transformación que genera tantas interrogantes.


Aborto: "Se está haciendo una discriminación en contra del ser más indefenso de todos"

-Usted ha señalado que "el primer derecho humano es la vida" y que cualquier modificación o indicación que se le haga al proyecto de despenalización del aborto bajo tres causales tampoco será buena porque se está atropellando el derecho del que está por nacer.

-He planteado que este proyecto tiene desde el título elementos que son erróneos y confusos. Primero, se incluye el tema de la "interrupción del embarazo". Resulta que desde el punto de vista médico, cuando un doctor interrumpe el embarazo es para dar vida, porque un niño necesita nacer prematuro, o porque no se está oxigenando bien, etc. Aquí se está interrumpiendo el embarazo para dar muerte. Lo segundo que se dice es "ley de despenalización del aborto". Eso tampoco es real. Lo que se está haciendo acá es una forma de legalizar el aborto. Se está creando un derecho de salud a través del código sanitario, en el que cualquier persona bajo estas causales va a exigir que se le realice un aborto. El primer derecho humano es el derecho a la vida, y la protección particularmente de los más vulnerables. Se está haciendo una discriminación muy notoria en contra del ser más indefenso de todos, que es el niño que está por nacer.

-Respecto de las tres causales, hay quienes dicen que es muy traumático para una mujer; por ejemplo, tener un niño tras una violación y que debería poder optar al aborto.

-En esta situación, el primer cuidado que hay que tener es con la madre que sufre un embarazo vulnerable. O porque tiene una enfermedad muy grave que puede comprometer su vida, o porque el niño que está en gestación tiene alguna malformación letal o porque este embarazo vulnerable es producto de una agresión brutal, como es la violación. Junto con preocuparnos de la madre, también tenemos que preocuparnos, y al mismo nivel, del niño que está por nacer. Que tiene vida, que se mueve, que late su corazón, que se le ven las facciones. ¿Cómo podemos decir que ese niño no es una persona y que solo va a ser persona al nacer? Eso no es un tema religioso. Es un tema biológico. También hay que aclarar que respecto de la primera causal tenemos el arte médico para tratar a una madre que está en riesgo vital y, si producto de ese tratamiento el niño fallece, eso no es un aborto. Es lo que hacemos en el hospital de la UC. En cambio, un aborto es una acción para producir la muerte del niño.

-¿Mantiene que no se realizarán abortos en las instituciones que dependen de la universidad?

-Tiene que haber una objeción de conciencia. Y no solo de parte del médico. Sino de otros profesionales. Una enfermera es tan profesional como el médico. Una arsenalera también. No podemos legislar que solo el médico tenga acceso a la objeción de conciencia. Hay que recordar que este es un procedimiento en que entra al quirófano un niño vivo y sale muerto. Por otra parte, en el caso de las instituciones, estas tienen un ideario, una identidad, y eso hace que las personas se agrupen y quieran trabajar o no en una institución. El Estado no nos puede obligar a que contratemos a médicos que estén a favor del aborto. Por esto, reitero que no me cabe ninguna duda de que nosotros en la UC no vamos a hacer abortos.

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Prensa UC