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Avances en calidad universitaria Imprimir E-mail

Una estudiante realizando una prueba, en contexto de la columna publicada por el rector Ignacio Sánchez en la que se refiere a los avances en calidad universitaria.

Dentro de los aspectos que preocupan en la implementación de la ley de Educación Superior aprobada el año pasado, está implementar de mejor forma el aseguramiento de la calidad. Según el rector, “es importante poner de relieve que este proceso debe tener menos burocracia y mayor flexibilidad en materia de calidad, favoreciendo la innovación y la incorporación continua de buenas prácticas, en especial por las instituciones que buscan avanzar en la incorporación de estándares internacionales que beneficien a todo el sistema”.

Para el rector Ignacio Sánchez la calidad y su aporte desde las universidades al país es una prioridad.  “Asegurar estándares mínimos de calidad universitaria debe ser un objetivo de interés público”, señala en una columna que recoge La Tercera, este 5 de marzo. En enero se presentó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que modifica el período de transiciones de los procedimientos de acreditación establecidos en la ley 21.091 de Educación Superior (ES) y que restituye el proceso de apelación de las decisiones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) en la acreditación de las carreras y programas de pregrado.

Según manifiesta la autoridad universitaria, "la importancia del aseguramiento de la calidad en la ley de ES aprobada el año pasado, radica en la constitución de una nueva constitución de la CNA, en la obligatoriedad de la acreditación institucional integral, - es decir de la totalidad de las sedes, funciones y programas formativos de pregrado y postgrado-, junto a la acreditación de las carreras de pregrado de Educación, Medicina y Odontología. Esta acreditación -dice- está basada en estándares de calidad definidos de carácter consultivo y participativo, con definición de las diferentes fases del proceso".

Actualmente están de trámite de aprobación algunos de los reglamentos relativos a la implementación de la ley; el diseño y estructura de la nueva Subsecretaría de ES; y la conformación de la comisión de expertos para la determinación de los aranceles regulados que serán la base de un financiamiento de la política pública de gratuidad. Tareas que, según Ignacio Sánchez, tendrán gran repercusión en el sistema. Dentro de los aspectos que preocupan en la implementación de la ley –y que es la base de este proyecto-, “es la presencia de plazos perentorios para la implementación del nuevo modelo de aseguramiento de la calidad, ya que los actuales no aseguran la rigurosidad de los procesos en consideración a las complejidades técnicas, a la autonomía universitaria y diversidad de proyectos institucionales”, sostiene.

Por otra parte, dice que es necesario tener mayor tiempo para realizar consultas sobre criterios y estándares, con la participación de comités consultivos de expertos nacionales e internacionales y de las instituciones de ES. Así -comenta-, el proyecto busca establecer nuevos plazos para la aprobación y vigencia de criterios y estándares de acreditación; y restituir la capacidad del Consejo Nacional de Educación para resolver los recursos de apelación de las acreditaciones de carreras que se presenten contra la CNA.

Según explica, es vital implementar de mejor forma el aseguramiento de la calidad que considera la actual ley de ES. Además, “es importante poner de relieve que este proceso debe tener menos burocracia y mayor flexibilidad en materia de calidad, favoreciendo la innovación y la incorporación continua de buenas prácticas, en especial por las instituciones que buscan avanzar en la incorporación de estándares internacionales que beneficien a todo el sistema”, señala.

 

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