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En una columna publicada en El Mercurio, los rectores Carlos Peña de la Universidad Diego Portales, Juan Zolezzi de la USACH e Ignacio Sánchez de la UC, llaman a ocuparse de las instituciones de educación superior de carácter público, cuidando que el sistema refleje la diversidad de la sociedad chilena. 

“El sistema de educación superior chileno está en trance de reforma”. Así lo afirmaron los rectores Carlos Peña de la Universidad Diego Portales, Juan Zolezzi de la Universidad de Santiago e Ignacio Sánchez de la Universidad Católica, en una columna publicada en el diario El Mercurio el 27 de enero pasado. De esta manera, expresan, el sistema “intenta estar a la altura de las expectativas que los chilenos y sus familias han puesto en él. Conducir ese proceso será uno de los principales quehaceres del nuevo Ministro de Educación”.

Pero como dicen los rectores, “desgraciadamente se ha deliberado poco acerca de los reales desafíos que debe enfrentar cualquier intento de mejora y, en especial, no está del todo claro qué principios son los que deben guiar ese esfuerzo. Hasta ahora diversas instituciones han planteado cuáles son sus mejores intereses y cómo ellos deberían ser acogidos en una futura política de educación superior. Ese esfuerzo es legítimo; pero debe ser complementado con una deliberación acerca de cuáles son los principios imparciales que deben guiar la política del sector”.

En el texto, los rectores buscan delinear estos principios, representativos de la diversidad del sistema universitario en Chile, ya que sus autores representan precisamente esa variedad: una universidad estatal, otra  tradicional no estatal y finalmente, una casa de estudios privada nueva.

“Ante todo” –escriben–, “debe tenerse en cuenta que la educación debe poseer una vocación pública; pero que ella no coincide necesariamente con el Estado. Hacer coincidir lo público con lo estatal reduce la esfera pública al ámbito, inevitablemente estrecho, donde actúan las instituciones pertenecientes al Estado. Así, en vez de fortalecer lo público, se le debilita. Lo público no es una cualidad jurídica o relativa a la propiedad de las instituciones, sino una característica que deriva del tipo de actividad que las instituciones realizan. Ese es el principio que subyace en la trayectoria institucional de la educación superior chilena que no debe ser abandonado”.

“Sin perjuicio de lo anterior, hay buenas razones para preocuparse de manera preferente  de las instituciones estatales”, afirman.  Y agregan: “La razón es que ese tipo de instituciones cumple funciones muy importantes de inclusión social, desarrollo territorial e investigación, y posee el deber de expresar los intereses generales de la sociedad. El estado debe ocuparse de esas instituciones, sin duda, pero ello no debe ocurrir al precio de desatender al resto del sistema que posee una genuina orientación pública tanto porque produce bienes públicos, como porque está abierto a todos”.

Como recuerdan los rectores, “debe tenerse presente que en la trayectoria histórica del sistema de educación superior, público y privado, se ha reunido un importante capital intelectual, que es parte del patrimonio del país. Cualquier política de educación superior debe tener en cuenta que un sistema de educación superior mixto –pero de inequívoca orientación pública y carente de fines de lucro– forma parte de la cultura nacional”.

“Aún debe agregarse que el sistema de educación superior debe reflejar la diversidad de Chile, como corresponde a una sociedad democrática. Ello significa que la multiplicidad de orientaciones debe estar presente en la totalidad del sistema; pero no necesariamente en cada una de sus instituciones. Cada casa de estudios, con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y con sistemas de selección accesibles por igual a todos, tiene derecho a manifestar y promover en la esfera de la cultura las formas de vida que estima valiosas, y el proyecto educativo que estima mejor para el país. Esa diversidad no es un defecto que hay que tolerar, sino una virtud que Chile debe cuidar”, afirman.

“Cabe subrayar que si bien el Estado puede contar con razones para tratar de manera diferente a las instituciones –atendiendo a variables como su situación regional o su capacidad de investigación–  no cuenta con ninguna para establecer diferencias entre los estudiantes. Los alumnos deben ser tratados igual con prescindencia de la institución –en cualquier caso acreditada– que escojan”.

Concluyen: “La educación está hoy en el centro de la preocupación ciudadana y, por lo mismo, es un deber urgente ocuparse de ella. Pero al hacerlo es imprescindible transitar desde la mera afirmación de anhelos generales, al trabajo reflexivo tendiente a precisar cómo llevarlos a cabo. Sería un contrasentido difícil de explicar que la reforma del sistema universitario –donde se reúnen las instituciones que hacen de la reflexión su quehacer principal– se efectúe sin una deliberación que atienda nada más que a las mejores razones”.

 

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

Nicole Saffie, periodista, Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

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