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Rector Sánchez plantea reparos sobre la Reforma a la Educación Superior Imprimir E-mail

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Para la autoridad, el actual proyecto de ley es un retroceso para la Educación Superior del país, ya que se basa en sobrerregulaciones sin una mirada de futuro. Sería más conveniente, dice,  abordar primero los aspectos de institucionalidad y aseguramiento de la calidad, postergando para una segunda etapa el financiamiento estudiantil y el de las instituciones.

Acerca del proyecto de ley de reforma de la Educación Superior (ES) que  está en debate y análisis en el Senado, escribe el rector una columna este domingo 27 de agosto en El Mercurio. En ella dice que a pesar de la necesidad de esta reforma y sus objetivos –aumento en la calidad, mayor equidad y creación de nuevo conocimiento–, “el proyecto incluye aspectos que son motivo de preocupación y de un malestar generalizado”. A continuación, detalla las áreas que a su juicio  es preciso cambiar y mejorar.

En el proyecto, dice, no hay una definición clara del sistema de ES amplio y diverso que requiere el país. Tampoco hay una definición de la función pública de las universidades, esta solo se describe desde la lógica de la propiedad de las universidades estatales. “Sin duda, estas universidades deben ser apoyadas y fortalecidas, sin embargo,  este apoyo no puede ser a expensas o en desmedro de otras universidades de función pública, las que actualmente entregan más del 50% de los bienes públicos en investigación. En este sentido, se apoya la propuesta de incorporación de nuevas universidades al Consejo de Rectores, definiendo condiciones estrictas en relación a su calidad y aporte público”, sostiene la autoridad. 

Para Ignacio Sánchez, un aspecto crucial a analizar es la autonomía de las instituciones. La nueva estructura institucional, que incluye una Subsecretaría, Superintendencia y el Consejo de Calidad, “debería permitir a las universidades crecer y desarrollarse, no debe establecer condiciones que burocratizan el sistema y convierten al Estado en un ente controlador”, dice. Agrega que en el actual proyecto de ley, existe una sobrerregulación por parte del Ministerio, con un rol desproporcionado de la Subsecretaría que toma a cargo el sistema de admisión, define cuotas de inscripción de cupos, valores y matrícula. Esta Subsecretaria debiera focalizarse y ser la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar políticas y programas. Por otra parte, el nuevo Consejo de Calidad deberá conservar su autonomía y estar orientado a mejorar el sistema de acreditación, con un rol de seguimiento, evaluación continua y asistencia a las instituciones. Adicionalmente, la Superintendencia debiera tener un papel de supervisión en el área financiera e información a los estudiantes, que evite los excesos que se han presentado. “Es importante dotarla de adecuada atribuciones, no como está en la actualidad en que sus rígidas funciones hacen compleja la labor de innovación, emprendimiento y la generación de valor a la sociedad”, manifiesta.

Para el rector, en el proyecto no se visualiza el apoyo a las universidades regionales, muy en especial, las de las zonas extremas del país. Estas instituciones son fundamentales para el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. Igualmente, destaca que  es necesario fomentar la desatendida educación técnica y profesional, la que es crucial para el desarrollo sostenible del país. Desde el estado es necesario potenciar este sector, apoyando los buenos proyectos actuales y estimulando propuestas en regiones. 

Desde el punto de vista del financiamiento a las instituciones, apunta que los fondos basales aportados a las universidades son esenciales para desarrollar investigación, creación de conocimiento y entregar un aporte cultural a la sociedad. “Estos aportes deben ser aumentados, -con evaluación rigurosa de sus resultados-, a través del AFD, del fondo basal por desempeño o convenio marco, -propuestos en similares condiciones-, y por medio de fortalecer vías de financiamiento que potencie concursos en todas las áreas de las Ciencias”, señala. 

Respecto del financiamiento estudiantil, el proyecto plantea la gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables, y un sistema de crédito con modificaciones del actual CAE. Según afirma Sánchez, la propuesta produce un desfinanciamiento para muchas instituciones, -varias de ellas de gran calidad-, y debilita la calidad de los proyectos educativos. Esto es debido al cálculo de los aranceles regulados que no cubren el costo de la docencia. Del mismo modo, agrega,  es preocupante que se determinen los aranceles de los estudiantes de ingresos superiores, lo que es una amenaza al desarrollo y autonomía universitaria. “La realidad del país hace plantear como régimen permanente la gratuidad focalizada, la que se combina con el aporte de becas y créditos para los estudiantes de mayores recursos. Por otra parte, apoyamos la transformación del CAE, retirando a la banca privada de su administración, en un esquema y condiciones similar a las que tiene actualmente el Fondo Solidario”, comenta.

En resumen, para la autoridad, el actual proyecto de ley es un retroceso para la ES del país, ya que se basa en sobrerregulaciones sin una mirada de futuro. Sería más conveniente, dice,  abordar primero los aspectos de institucionalidad y aseguramiento de la calidad, postergando para una segunda etapa el financiamiento estudiantil y el de las instituciones. “El proyecto se debe mejorar con urgencia en el Senado en los aspectos descritos. Las líneas de construcción de un proyecto de futuro deben ser la calidad, el desarrollo y la equidad; respetando la autonomía de las instituciones y su capacidad para crecer y desarrollarse”, subraya Sánchez.

 

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