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Rector Ignacio Sánchez se refirió a las consecuencias negativas de la gratuidad en la UC Imprimir E-mail

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Bajo el título “Si la gratuidad nos asfixia completamente, va a ser imposible que uno acceda”, la revista Qué Pasa publicó una extensa entrevista al rector Ignacio Sánchez. En ella explica que una de las instituciones más perjudicadas por el proyecto de reforma a la educación superior es la UC.

 

En entrevista con la revista Qué Pasa, el rector Ignacio Sánchez acusa al Gobierno de faltarle el respeto a la UC y al resto de las universidades del G9 y de quebrar la unidad en el CRUCh. Además, alerta sobre los peligros que conlleva una sobrerregulación del sistema y dice que la permanencia de la UC en la gratuidad no está asegurada.

A continuación presentamos la entrevista completa realizada por los periodistas M. Cecilia González y Javier Rodríguez:

“Si la gratuidad nos asfixia completamente, va a ser imposible que uno acceda”

A Ignacio Sánchez no le afecta la altura. O, al menos, eso dice. Por lo mismo su viaje de esta semana a La Paz, donde acudió como orador principal de la celebración de los 50 años de la Universidad Católica Boliviana, significó un respiro en la agresiva agenda que asumió desde que el ministerio de Educación presentó su proyecto de reforma a la educación superior que, según él, “minimiza el aporte al Estado que realiza nuestra universidad” al clasificar como públicos sólo a los planteles estatales, dejando a la institución que él dirige en el mismo grupo que el resto de las privadas.

 

—Se ha mostrado muy crítico con el proyecto de reforma que el gobierno presentó la semana pasada. ¿Siente que se le faltó el respeto a la UC al meterla en el mismo saco que todas las universidades no estatales?

—Es que el proyecto no se condice con lo que ha dicho la presidenta, que ha destacado la provisión mixta en la educación superior y que había que apoyar los proyectos tanto del Estado como públicos y privados. El gobierno le está faltando el respeto a la Universidad Católica y a todo el G9. El sistema de educación superior que tenemos hoy día se fundó con dos instituciones estatales y seis no estatales, que hace 60 años conformaron el Consejo de Rectores (CRUCh).

 

—La ministra Adriana Delpiano sugirió la posibilidad de convertir en estatales a la Universidad de Concepción, a la Federico Santa María y a la Austral.

—Sí, pero un guiño no es más que un guiño si no se traduce en una carta formal, la que me consta que no existe. Lo que ha hecho la ministra a través de la prensa es producir un dique de división en el G9, siendo que el proyecto ya traza una línea divisoria en el CRUCh. Este gobierno ha hecho algo que en 60 años ningún gobierno había podido hacer: dividir en forma clara al Consejo de Rectores, y luego se intenta dividir al resto entre laicos y católicos.

 

—¿Por qué buscan estas divisiones?

—Por una cosa ideológica se busca resaltar lo estatal minimizando el resto del aporte público. En países como Australia y Estados Unidos lo público tiene que ver más que con la propiedad, con el objetivo de bien público de una institución. Tampoco sería fácil encontrar otro país donde un gobierno ponga en peligro el desarrollo de instituciones que están dentro de las cinco más importantes del país.

 

—¿Puede responder también a un tema de recursos?

—Si ese es uno de los argumentos, hay un error grave en la planificación. Aquí hay dos columnas fundamentales: calidad y equidad. Si disminuyes la calidad porque faltan recursos para mejorar equidad y tener mejor acceso, finalmente vas a dar una menor calidad de proyecto educativo a una mayor cantidad de personas, y eso no es lo que queremos. Si las instituciones se quedan con menos recursos, no queda otra que disminuir costos en los elementos más sensibles: profesores, metodología docente, infraestructura. Y después de cuatro años tendremos una disminución de la calidad del sistema.

 

—Tal como está el proyecto, ¿peligra el modelo de provisión mixta que usted defiende?

—Absolutamente. Lo que tenemos que hacer es fortalecer la educación pública, estatal y no estatal. ¿Creemos nosotros que este aporte debe ser exclusivo a las universidades del Consejo de Rectores? No, desde hace tiempo planteamos que el CRUCh tiene que flexibilizarse, rejuvenecerse, hacer un análisis en profundidad de cuáles son los criterios para estar dentro.

 

—¿Está abierto a que puedan entrar nuevos miembros?

—Yo defiendo que otras universidades reciban fondos basales por su aporte público. Será un grupo pequeño y tendremos que hacer una evaluación rigurosa internacional, luego pueden perfectamente ser parte del CRUCh. No podemos tener un Consejo de Rectores que tiene la puerta completamente cerrada.

 

—¿Hay un quiebre hoy en el CRUCh?

—Hay una situación tensa.

 

—¿En qué se nota?

—En la discusión interna, en la presentación por separado al CUECh y al G9 de las posturas, en que no podemos trabajar mancomunadamente en el análisis de un proyecto que está afectando fuertemente la viabilidad de un grupo importante de instituciones. El Cruch está tensionado fuertemente debido a este proyecto de ley.

 

EL DAÑO AL DESARROLLO DEL G9

El primer semestre del año pasado, Ignacio Sánchez, seguido por el rector de la UDP, Carlos Peña, sostuvo un debate a través de los medios de comunicación con su par de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, sobre qué significaba ser una universidad pública. “La función pública de una institución está dada por la orientación, el objetivo de trabajo y de entrega a un país. Por eso mismo, pienso que todas las instituciones que están en el CRUCh tienen una función pública y por eso decimos que son todas públicas”, dice Sánchez. El ministerio de Educación se complicó menos y definió que universidades públicas, a efectos de la reforma, son sólo las pertenecientes al Estado.

 

—Para Vivaldi lo público también está ligado a lo estatal. Dice que es parte de la identidad de su universidad y que discutirlo es desvirtuar el concepto. ¿Cree que con el proyecto que presentó el gobierno se impuso la definición del rector de la Universidad de Chile?

—No. Yo creo que el proyecto, como su nombre lo dice, es una propuesta al Parlamento.

 

—Que da cuenta de la posición del gobierno respecto al tema.

—Tendremos mucho tiempo donde todos daremos nuestra opinión. No creo que ninguna postura haya prevalecido sobre otra. El gobierno ha tomado una definición que a mí me parece errónea. Y no solamente a mí: todos los rectores del G9 estamos exponiendo, a través de entrevistas, declaraciones, insertos, reuniones con parlamentarios de las distintas zonas del país, entregando nuestros argumentos para hacer ver que esto es dañino para el país.

 

—¿Pero no cree que el resultado está influido por la presión del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh)? Ellos fueron recibidos antes que el G9 para mostrarles el famoso PowerPoint con los puntos principales de la reforma, antes de que se presentara en el Congreso.

—No puedo decir si esa presión surtió efecto, porque nunca se conoció un texto previo. Se conocieron minutas, pero no conocimos ningún texto preliminar como para decir “este artículo se modificó porque pesó esta opinión”. Lo que sí sabemos es que el gobierno estaba muy interesado en que hubiese un acuerdo al interior del CRUCh. Y nosotros claramente dijimos, y lo mantenemos hoy día, que no íbamos a llegar a ningún acuerdo si se hacía esta subvaloración de nuestras instituciones. Lo que finalmente pasó.

 

—¿Hoy el G9 transita por un carril contrario al del CUECh?

—Yo diría que no son contrarios, porque no estamos contra las universidades estatales. Eso sí, el silencio de las universidades estatales respecto a lo que ocurre con el G9 no es adecuado cuando hemos estado durante más de 60 años trabajando en conjunto en el Consejo de Rectores.

 

—Esa omisión les afecta.

—Nos afecta. Sólo pedimos que sus intereses no dañen los nuestros.

 

—¿Hoy los dañan?

—No porque ellos lo hayan hecho así, porque ellos no escribieron el proyecto de ley. Pero este proyecto de ley daña el desarrollo de las universidades del G9.

 

—Pero ustedes como parte del CRUCh, ¿tuvieron acceso a la propuesta que presentó el consorcio al Mineduc?

—Nosotros siempre tenemos acceso a las minutas después de que la prensa las conoce.

 

—¿Al mismo tiempo que la prensa?

—Exactamente.

 

—No es que haya habido un fair play, que se las haya mostrado en el CRUCh.

—El CUECh está en pleno derecho a plantear sus propuestas.

 

RIESGO DE ASFIXIA

—Esta reforma significa una rebaja drástica de los ingresos que el Estado le entregaría a la universidad. Si se mantiene tal como se presentó, ¿en qué condiciones tendrían que operar?

—Tenemos que ver cómo se sigue implementando el tema de los fondos basales y los aranceles regulados. Lo que hace falta es poner elementos de calidad académica en la definición de esos aranceles. No es lo mismo una universidad que tiene 100 profesores en una carrera, que tiene investigación de alto nivel, que una con 12 profesores. No podemos poner valores que estén muy cerca, porque el costo de mantener un proyecto educativo de calidad internacional es muchísimo más alto que un proyecto educativo de calidad nacional.

 

—¿Siente que se puede ver afectada la autonomía de las universidades?

—Hay otros elementos, aparte de los factores económicos, que pueden afectar la autonomía. También hay una veta que tiene que ver con la regulación. Por ejemplo, las propuestas de subsecretaría y superintendencia, el sistema de evaluación de la calidad y el nuevo proceso de admisión. Yo partí diciendo que esta reforma universitaria era muy esperada por nuestro país, porque nos parece que el sistema creció y tiene que regularse.

 

—¿Pero estas instituciones que usted menciona no van a atacar ese problema?

—En la teoría sí. ¿Se necesita una subsecretaría? Por supuesto. ¿Se necesita una superintendencia? Claro. ¿Se necesita una nueva acreditación? Hay que perfeccionarla. ¿Tenemos que actualizar el sistema de admisión? Sí. El problema es cómo operarán.

 

—La letra chica.

—Cada uno de esos capítulos puede tener una propuesta adecuada que regule, pero que dé la necesaria autonomía a las instituciones, o puede ser una propuesta reguladora en exceso, que amarre, que asfixie, que mantenga muy atadas las instituciones para su desarrollo. Por ejemplo, el proyecto dice que el sistema de admisión va a depender de la subsecretaría, lo que significa que vamos a quedar a expensas de los cambios de gobierno, que hoy día un subsecretario nombrado por un determinado presidente va a pensar una cosa, y después va a haber un cambio de gobierno y se va a pensar otra.

 

—¿Se puede terminar politizando?

—Por supuesto. Vamos a tener dependencias de gobierno muy proclives a la presión externa. Nosotros encontramos que el sistema de admisión, particularmente el de la educación técnico-profesional, tiene que actualizarse. En este punto estamos bastante de acuerdo con los rectores de las universidades estatales: hay que modernizarlo, hay que rejuvenecerlo, pero no pensamos que haya que entregárselo a una dependencia de un gobierno.

 

—Y en caso de que perdieran la batalla por que se reconozca el valor de las universidades tradicionales no estatales, ¿se podrían quedar afuera de la gratuidad?

—Si el tema de la gratuidad asfixia completamente a una institución, va a ser imposible que uno acceda. Pero yo no me quiero poner en ese caso, porque si tomáramos esa decisión, probablemente varias otras también la tomarían.

 

—¿Cuáles cree usted que fueron los principales errores del gobierno en la presentación de este proyecto?

—Hubo un exceso de hermetismo. Muchos pueden haber pensado que, como los rectores nos reunimos con la ministra, teníamos mucha información. Pero la información que se nos dio a nosotros fue la misma que todos conocen, ningún documento más que lo que salió publicado en la prensa. ¿Por qué pasó esto? Habría que preguntárselo al mismo ministerio. ¿Fue falta de confianza?, ¿falta de una propuesta consensuada al interior del gobierno? Puede ser. También hubo mucha sordera, porque aunque tuvimos la oportunidad de expresar nuestras ideas, la gran mayoría de ellas no quedaron plasmadas en el proyecto.

 

SINTONIZAR CON LAS DEMANDAS DE LA CALLE

—¿La regulación de aranceles le parece una medida prudente?

—El Estado no puede pagar cualquier arancel, porque eso llevaría a problemas inflacionarios muy importantes. Por lo tanto, es razonable que se fijen ciertos rangos de aranceles, pero que consideren el tema de la calidad, que implica costos. Para el país no da lo mismo tener un egresado de cierto nivel, que un egresado de otro nivel, porque un egresado de un nivel internacional puede llevar al país a un desarrollo notable.

 

—El temor que tienen en común las universidades estatales y el movimiento estudiantil es que esta reforma termine consolidando el sistema actual, “con medidas que tienden a fortalecer el mercado de la educación”. ¿Está de acuerdo?

—Hay que poner reglas claras para que las universidades privadas posteriores al año 81 participen del sistema de financiamiento universitario, y esas reglas claras tienen que ser la acreditación, la ausencia de lucro, la calidad de sus programas, la pertinencia. Por lo tanto, si uno tiene un buen sistema de regulación y un buen sistema de acreditación de calidad no tiene por qué hablarse de mercantilización.

 

—¿Qué piensa de que se mantenga el Crédito con Aval del Estado?

—Creo que algún tipo de crédito hay que mantener para los estudiantes que no tengan acceso a gratuidad o a becas. Lo importante es que el crédito sea con baja tasa de interés, contingente al ingreso y que se extinga bajo ciertas condiciones. Hay que seguir avanzando en ese sentido. Aquí yo creo que el tema se ha focalizado en el nombre del crédito y en la carga negativa que tiene por lo que ha pasado hacia atrás.

 

—¿Ve imposible llegar a la gratuidad universal?

—El mismo gobierno ha dicho que la gratuidad universal podría alcanzarse con unos supuestos que hoy día se ven extraordinariamente lejanos, porque requerirían una riqueza y una carga impositiva mayor, además de la solución de otros problemas que era importante sincerar. Cuando uno ve los requerimientos que hay en otras áreas, el ejercicio de insistir en gratuidad universal no es el apropiado. El tema hoy día es cómo aseguramos la cobertura al 50% y cómo podemos ampliar esa cobertura fundamentalmente a la educación técnico-profesional.

 

—Teniendo en cuenta que siempre hubo voces que decían que la gratuidad no era alcanzable en términos de recursos, ¿fue una promesa irresponsable?

—Más que irresponsable, buscó sintonizar con las demandas de la calle y de a poco se fueron dando cuenta de que eso no era lo que se podía lograr.

 

—¿Con la reforma usted siente que se está nivelando para abajo?

—Cuando no se da un acento en la calidad de manera explícita, sin dudas se está nivelando hacia abajo.

 

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA

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