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Falencias y omisiones de la ley recientemente aprobada son urgentes de modificar, ya que de otra manera se corre el riesgo de producir un enorme daño a las universidades. Según dice el rector Ignacio Sánchez, el nuevo gobierno tiene la gran responsabilidad de corregir los errores y avanzar en la calidad y pertinencia de un sistema universitario que es clave para el desarrollo integral y armónico de nuestro país. 

La próxima semana inician sus labores las nuevas autoridades de gobierno. En el área de la educación, sin duda hay un número importante de desafíos que asumir, para implementar y en especial para perfeccionar los cambios de las reformas aprobadas en las últimas semanas del actual gobierno.  Según señala el rector Ignacio Sánchez en una columna que publica La Segunda este lunes 5 de marzo, en el caso de la reforma de la Educación Superior hubo una evidente falta de reflexión y un debate que no estuvo a la altura de lo que se estaba definiendo y del impacto que significaba para el país. “Debido al resultado final de la ley aprobada, los grandes problemas que enfrentamos son su mirada de corto plazo y la ausencia de grandes desafíos de futuro”, manifiesta.

Los aspectos positivos de la reforma, agrega, incluyen una mejor regulación del sistema,-que esperamos evite los abusos que se han presentado con un gran daño a los estudiantes-, y un sistema de aseguramiento de la calidad que debiera implementar una agencia de acreditación renovada. Por otra parte, se oficializó la política pública de gratuidad en educación superior, actualmente focalizada en los estudiantes más vulnerables, que progresará de acuerdo al crecimiento y desarrollo del país.

Sin embargo, para el rector Sánchez, existen tres importantes temas pendientes que resolver, ya que por el apuro legislativo de la última parte del gobierno se aprobaron aspectos que van a dificultar el desarrollo del sistema universitario. Estos deben ser corregidos a la brevedad en la implementación de las leyes. El primero de ellos es disminuir la sobrerregulación -que puede alcanzar un verdadero control estatal del sistema-, debido al exceso de atribuciones con que cuentan tanto la Subsecretaría como la Superintendencia de Educación Superior. En segundo lugar, se requiere definir de mejor forma los aranceles regulados de las carreras junto a la fijación arancelaria que se impone a los estudiantes que hoy no están afectos a la gratuidad. Estos dos aspectos pueden producir un grave desfinanciamiento del sistema que de seguro afectará la calidad, en especial la de las universidades denominadas complejas. Finalmente, dice que las instituciones públicas no estatales,-hoy agrupadas en el G9-, corren un grave riesgo de desfinanciamiento debido a la escasez de sus aportes basales y por su actual desempeño. “Eso significa un gran impacto para el país, ya que en la actualidad generan más de la mitad de la investigación y transferencia de conocimiento”, aduce Sánchez.

“Estas falencias y omisiones de la ley recientemente aprobada son urgentes de modificar, ya que de otra manera se corre el riesgo de producir un enorme daño a las universidades”, afirma.  Finalmente, agrega: “El nuevo gobierno tiene la gran responsabilidad de corregir los errores y avanzar en la calidad y pertinencia de un sistema universitario que es clave para el desarrollo integral y armónico de nuestro país. Gran desafío a trabajar entre todos”.

 

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