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La decisión de la UC sobre la propuesta de gratuidad 2016 Imprimir E-mail

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Informar a la comunidad universitaria sobre la decisión que adoptó el Honorable Consejo Superior de adherir a la propuesta de gratuidad 2016 y los aspectos que se consideraron, fue el propósito de la carta que envió el rector Ignacio Sánchez a toda la comunidad universitaria.

En el día de hoy, el Honorable Consejo Superior decidió por amplia mayoría sumar a la Universidad Católica a la política de gratuidad 2016. Asimismo acordó por unanimidad otorgar al rector un voto de confianza en relación a las discusiones y decisiones referentes a la glosa presupuestaria 2016. Esta determinación obedeció a una serie de consideraciones que he estimado importante poner en su conocimiento, de manera de explicitar el espíritu y las condiciones bajo las cuales la UC se incorpora a la propuesta. 

Desde que el gobierno anunciara en mayo pasado la medida, asumimos como universidad una actitud proactiva, orientada a contribuir a perfeccionar la iniciativa y a promover un sistema nacional de Educación Superior (ES) que garantizara, en primer lugar, el acceso a una educación de calidad a aquellos jóvenes talentosos y en condiciones de vulnerabilidad existentes a todo lo largo de Chile.

Este acceso, a nuestro juicio, debía realizarse en condiciones de equidad de los diversos proyectos educativos, cuya autonomía en materia de organización y propuestas de desarrollo debía ser preservada. Desde esta perspectiva, promovimos de forma permanente el aseguramiento de mayores espacios de independencia en la definición de las formas de gobierno de cada institución y en la determinación de sus  planes de crecimiento. Desde sus inicios insistimos en la necesidad de mantener un sistema de Educación Superior plural, por cuanto este es uno de los factores claves que ha permitido y permitirá al país avanzar en calidad. Estamos convencidos que para la construcción de universidades sólidas y rigurosas es necesario preservar la autonomía y promover el desarrollo de diferentes modelos de gobierno universitario, que sean respetuosos de la identidad, misión y valores de cada institución, como acontece en gran parte del mundo.

Estas materias que, junto a otras, hemos abordado en la discusión pública, han formado parte de los extensos debates que se han sostenido en estos meses en torno a las diversas propuestas de implementación del sistema de gratuidad que el gobierno ha anunciado. Lamentamos los sucesivos cambios que ha experimentado su tramitación y, en particular, el hecho de que esta reforma se haya materializado por la vía de una glosa presupuestaria, actualmente cuestionada a partir del  fallo del Tribunal Constitucional. Seguimos considerando que lo adecuado hubiese sido trabajar con visión de largo plazo en un proyecto de ley que velara integralmente por la calidad, la regulación y el financiamiento de la ES, y que ofreciera con suficiente anticipación un escenario claro a los estudiantes y sus familias.

Aunque esto no ha sido así, reconocemos las modificaciones realizadas por el ministerio a parte importante de los cuestionamientos. Nos referimos a la libertad de opciones otorgada a las instituciones para determinar sus formas de gobierno y a la posibilidad de que sean estas quienes definan su crecimiento de acuerdo a sus planes de desarrollo. Quedan aún desafíos, como son un avance más amplio en materia de la brecha presupuestaria, pues nos preocupa el desfinanciamiento que afecta a un número significativo de universidades derivado del incumplimiento en el compromiso de conservar su presupuesto basal, y a la postergación del apoyo a los estudiantes de la educación técnico-profesional.

Desde la universidad hemos reiterado que el apoyo público a la educación es fundamental, dado el rol trascendente que ella cumple en el desarrollo de las personas. Más aún cuando se trata de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La UC, de hecho, ha venido realizando desde hace algunos años esfuerzos sistemáticos por dar acceso y colaborar a la retención y financiamiento de estos estudiantes. De ahí que nos inquieten las altas expectativas que ha generado la iniciativa entre los jóvenes y su entorno cercano, al mismo tiempo que nos sentimos comprometidos con su interés y esfuerzo por alcanzar una formación de calidad. En nuestro caso son cerca de cuatro mil los estudiantes que resultan elegibles para recibir este beneficio, y su incorporación no implica para la institución el desembolso de fondos adicionales. 

En atención a las diversas consideraciones expuestas, y en especial a las adaptaciones experimentadas por la propuesta y a las responsabilidades que desde su rol público la universidad tiene con los estudiantes, sus familias y el país, es que el Consejo Superior determinó sumarse a la política de gratuidad y formar parte de su continuo perfeccionamiento. 

Las aspiraciones de la UC, contenidas en su plan de desarrollo 2015-2020, de ser una universidad de frontera, capaz, desde su identidad católica, de imaginar realidades nuevas, ampliar oportunidades para sus estudiantes y servir a la sociedad, nos animan a entrar en un profundo diálogo con el país y a hacer frente a sus numerosos desafíos.  Desde nuestro compromiso con la búsqueda del bien común, nos sentimos llamados a seguir colaborando. Lo haremos tanto desde dentro del Cruch y del sistema como a través del intercambio de opiniones con otros organismos, con el propósito de avanzar en la nueva ley de Educación Superior y de mejorar las propuestas sobre gratuidad. De este modo confiamos contribuir a asegurar una educación de calidad que responda a ese rol fundamental que ella cumple a nivel de las personas y del desarrollo del país.

Se despide con afecto,

Ignacio Sánchez D.

Rector UC

 

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