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Institucionalidad y calidad: los objetivos para avanzar en Educación Superior Imprimir E-mail

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Para el rector Ignacio Sánchez, dos aspectos son prioritarios en la discusión del proyecto de reforma: una nueva institucionalidad y el aseguramiento de la calidad, postergando para una segunda etapa el financiamiento.  De otra forma, “va a ser muy difícil poder avanzar en los cambios que el país requiere y demanda”, subraya.

Luego de ser aprobado en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de reforma de la Educación Superior (ES) está en debate en la Comisión de Educación del Senado, proceso que se ha realizado de manera seria, con presentación de los diferentes actores involucrados en la reforma. “Es evidente la necesidad de avanzar en una reforma a la actual ES, para poder lograr sus objetivos de aumento en la calidad, mayor equidad y creación de nuevo conocimiento”, apunta el rector en una columna que publica el diario Pulso en su edición de este jueves 26 de octubre.  Sin embargo, agrega Sánchez, el proyecto aún incluye aspectos que son motivo de gran preocupación, que es preciso modificar y cambiar de manera significativa. 

Señala que con el objetivo de avanzar en el proyecto, es necesario focalizar su discusión en los dos aspectos que son prioritarios: una nueva institucionalidad y el aseguramiento de la calidad. Para la autoridad, de estas dos columnas se derivará el financiamiento, aspecto crucial que debiera analizarse en detalle en una futura ley, una vez que estas columnas estén sosteniendo el sistema. De otra forma va a ser muy difícil poder avanzar en los cambios que el país requiere y demanda, afirma.  Veamos cuales son los aspectos centrales a focalizar en esta etapa.

“Hemos reiterado que en el actual proyecto, no hay una definición clara del sistema de ES diverso que Chile requiere”, sostiene. Según dice, la definición de la función pública de las universidades solo se describe desde la lógica de su propiedad. Las universidades estatales deben ser fortalecidas, sin embargo este apoyo no puede ser en desmedro del sistema no estatal de universidades de función pública, las que aportan más de la mitad de la investigación, publicaciones, patentes y transferencia de conocimiento al país. Con el fin de estimular este aporte público, “es preciso apoyar la incorporación de nuevas universidades al Consejo de Rectores, con una mejor definición de las condiciones en relación a su calidad y aporte público”, advierte. 

En este marco, asegura que el aspecto más importante es la autonomía de las instituciones, la que depende de una nueva institucionalidad que incluye una Subsecretaría, una Superintendencia y el Consejo de Calidad. Estas estructuras debieran facilitar el crecimiento y desarrollo de las universidades, y no plantear condiciones que burocratizan el sistema y convierten al Estado en un órgano controlador. “En la propuesta de ley, existe una sobrerregulación por parte del Ministerio de Educación, con un rol desproporcionado de la Subsecretaría que toma a cargo el sistema de admisión, con definición de cupos, valores de aranceles y asignación de matrícula”, subraya. El rol de esta Subsecretaria debiera focalizarse en elaborar, coordinar y ejecutar políticas y los programas de ES. 

Por su parte, señala que es preciso que el nuevo Consejo de Calidad conserve su autonomía y se oriente a mejorar el sistema de acreditación, con un rol de seguimiento, evaluación continua y asistencia a las instituciones. Dice que existe preocupación por lo que presenta el proyecto en cuanto a las restricciones al desarrollo de las universidades, al complejo rol fiscalizador de la futura agencia y a la conformación y mecanismos de nombramiento de los consejeros de la agencia, lo que puede abrir una puerta a una influencia política en su gestión.

Adicionalmente, la Superintendencia debiera tener un papel de supervisión en el área de la estabilidad financiera de las instituciones e información a los estudiantes, que evite los excesos que se han presentado. Es importante dotarla de adecuadas atribuciones, “lamentablemente en la propuesta actual presenta rigideces que hacen compleja la labor de fomentar la innovación, emprendimiento y la generación de valor a la sociedad”, enfatiza.

Otro aspecto que según el rector Sánchez  no se puede olvidar en esta discusión, es el apoyo a las universidades regionales, muy en especial, las de las zonas extremas del país, instituciones fundamentales para el desarrollo de sus comunidades. Así también, según dice es crucial fomentar la educación técnica y profesional, la que no ha estado en la preocupación central en estos años y que es vital  para el desarrollo sostenible del país.  

“Para avanzar y aportar al desarrollo de nuestra Educación Superior, se deben abordar primero los aspectos de la institucionalidad y el aseguramiento de la calidad, postergando para una segunda etapa el financiamiento”, afirma. Y agrega que  el gobierno y el Senado deberán analizar esta alternativa, “considerando que la calidad es lo prioritario, lo que orienta el futuro y que nos permitirá estar en la frontera de la innovación y el cambio en beneficio del país”.

 

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