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El aporte del G9 a la reforma de Educación Superior Imprimir E-mail

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Los rectores de las instituciones públicas no estatales abordaron la nueva institucionalidad y sus regulaciones en una carta al diario El Mercurio. Consideran clave plantear un financiamiento de futuro pensando en el país y sus estudiantes, y que el Estado entregue un trato justo e igualitario a todas las instituciones del Consejo de Rectores, sean ellas estatales o no estatales.

 

Nuestra red de instituciones públicas no estatales, perteneciente al Consejo de Rectores (CRUCh), ha insistido en la importancia de una reforma a la educación superior, que permita avanzar en la calidad del sistema, con criterios de equidad, inclusión, énfasis en la innovación docente, creación de nuevo conocimiento, apoyo regional, desarrollo científico y cultural; junto a un compromiso con las comunidades locales. Así comienzan los rectores del G9 una carta al diario El Mercurio, que el matutino publicó este domingo 8 de mayo. En esta reforma, uno de los elementos esenciales es asegurar y promover la autonomía universitaria, componente clave para potenciar un sistema de educación superior al servicio del desarrollo del país.

Dentro de los documentos que hemos conocido, destacan algunos elementos de gran importancia. En primer término, la nueva institucionalidad y sus nuevas regulaciones. En este ámbito, destaca la labor de la Subsecretaría, la Superintendencia y la Agencia de Calidad, cuyos detalles tienen aún que ser ampliamente perfeccionados. Además, se propone una nueva constitución del CRUCh y la creación de un sistema de educación superior estatal. “Creemos que se requiere un real Sistema de Educación Superior Público, integrado por instituciones estatales y no estatales, y adecuadamente coordinado con todas las instituciones acreditadas, para una mejor articulación del sistema. En este sentido, el CRUCh debiera fortalecerse y evaluar su conformación, con criterios de calidad internacional y atendiendo a la actual configuración de la educación superior del país”, manifiestan. 

Nuestras instituciones públicas no estatales han tenido una tradición y un trato institucional desde el Estado como personas jurídicas de derecho público, debido a su sustantiva contribución a la comunidad nacional. “Creemos que en los documentos que se han conocido, no se reconoce este aporte y se plantea una clara discriminación al presentar un apoyo desigual a las universidades de función pública, el cual no va en la línea de lo que el desarrollo de Chile requiere”, afirman los rectores en el texto. 

Hemos recibido con gran satisfacción el nuevo análisis de la institucionalidad de las Ciencias, lo que es un paso necesario para poder entregar el apoyo que se requiere para asegurar un desarrollo sustentable del país. En este sentido, dicen que la propuesta de un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología va en el camino correcto, en la medida en que se encuentre debidamente coordinado con la futura Subsecretaría de Educación Superior. 

Argumentan que desde el punto de vista del desarrollo de todo el país, es clave un apoyo decidido al fortalecimiento de las universidades regionales, sean estatales o no estatales con demostrada función pública, como lo son las instituciones que pertenecen a la Red G9, parte integral del CRUCh. Estas universidades son clave en el crecimiento de las comunidades a quienes sirven. Asimismo, dicen que es importante enfatizar que las instituciones de las zonas más extremas del país requieren una atención especial, 

“Nuestras universidades han estado avanzando de manera decidida en perfeccionar el sistema de acceso y admisión, con nuevos instrumentos que permitan una mayor inclusión y diversidad de estudiantes, con énfasis en el aseguramiento de la calidad de los proyectos educativos. De esta manera, se han aumentado las oportunidades de miles de estudiantes para acceder, progresar y titularse de la educación superior. En tanto, es vital potenciar los programas de nivelación académica y de apoyo al aprendizaje de los estudiantes, para poder superar las brechas que se generan por la desigualdad de nuestro sistema educativo escolar”, explican. 

Queremos destacar el necesario apoyo que requiere el postergado sector de la educación técnico-profesional. Hoy, manifiestan, este grupo de estudiantes es mayoritario y requieren de respaldo para poder desarrollar sus carreras y aportar de manera decidida al sector productivo de la nación. 

Para que todo lo anterior se pueda realizar, los rectores consideran clave plantear un financiamiento de futuro, pensando en el país y sus estudiantes. "Creemos que el Estado debe entregar un trato justo e igualitario a todas las instituciones del Consejo de Rectores, sean ellas estatales o no estatales, con una función pública que se demuestra en una docencia innovadora en áreas prioritarias, generación de nuevo conocimiento y aporte científico y cultural, junto a un compromiso con el crecimiento y desarrollo de las comunidades locales y de todo el país”, enfatizan. 

Y concluyen: “Al plantear el proyecto de reforma de esta manera, podremos avanzar hacia un futuro con una mirada de bien común, pensando en el desarrollo de las personas y alcanzar el ansiado desarrollo integral, que va a depender de manera decidida del apoyo que le entreguemos a las instituciones de Educación Superior”. 

 

Firman la carta: 

Claudio Elórtegui Raffo, presidente G9, rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Darcy Fuenzalida O´Shee, vicepresidente G9, rector de la Universidad Técnica Federico Santa María

Óscar Galindo Villarroel, vicepresidente G9, rector de la Universidad Austral de Chile

Ignacio Sánchez Díaz, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Sergio Lavanchy Merino, rector de la Universidad de Concepción

Jorge Tabilo Álvarez, rector de la Universidad Católica del Norte

Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule

Aliro Bórquez Ramírez, rector de la Universidad Católica de Temuco

Christian Schmitz Vaccaro, rector Universidad Católica de la Santísima Concepción

 

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